Con César Gaviria como presidente, los galanistas y los seguidores de Avaro Gómez Hurtado, impusieron las privatizaciones en la Constitución del 91que como está demostrando la hiistoria, no han dado resultados positivos
El salto al vacío de Aida Merlano -lo del vacío es sólo un decir pues ella cayó en pleno pavimento- ha hecho que se reviva el tema de las privatizaciones, planteadas como solución en la Constitución del 91 por los seguidores de Luis Carlos Galán y por el entonces jefe conservador Alvaro Gómez Hurtado, pero que en la práctica han resultado peor que loo que querían combatir.
¿Privatizar el INPEC solucionaría los problemas de corrupción e ineficiencia que se han venido descubriendo?
En la Constitución del 91 se estructuraron tales movimientos, señalando sus defensores que con la privatización de un gran sector del Estado se lograría hacerlo más eficiente y erradicaría la corrupción, pero se consiguió todo lo contrario. Un ejemplo de esto,las antiguas Empresas Públicas Municipales, de Barranquilla. Aquí lo que publicó El Tiempo el 19 de septiembre de 1990:
El manejo de los servicios públicos de Barranquilla, la puerta de oro de Colombia, está plagado de inmoralidad e insolidaridad: burocracia sin par, el sector privado se opone a la instalación de medidores, los empleados falsifican los recibos de cobro, los usuarios sobretodo los de altos ingresos adulteran el consumo y por toda la ciudad hay conexiones clandestinas. Las cifras son dramáticas, al igual que muchas empresas de servicios públicos del país: Barranquilla tiene contabilizados 130.000 suscriptores y solo hay 40.000 medidores, la mayoría de los cuales permanecen alterados : se les echa agua caliente, arena o aisladores plásticos de tal forma que se dificulte la lectura del medidor o se obstruya su funcionamiento.
Se liquidaron las Empresas Públicas por mandato del presidente Gaviria y se creó la Triple A, entidad de carácter privado y...¿Se acabó la corrupción?
Hoy, esta empresa privada, ha hecho desaparecer más de 237.000 mil millones de pesos, que se “evaporaron” sin que nadie sepa como y así lo revela este comunicado de la Fiscalía, tomado de Noticias Caracol.
“Se busca poner al descubierto las redes de corrupción que se habrían apoderado o desviaron recursos destinados exclusivamente para la prestación de los servicios públicos en la costa Atlántica y el suministro de un bien vital para la comunidad, como el agua potable”, dice el ente investigador en un comunicado.
También se investigan pagos fraudulentos por un contrato de asistencia técnica, cuyo objeto nunca se cumplió.
El detrimento patrimonial sería del orden de $236.853796.005.
Bueno, ahí están los resultados. La corrupción que se quiso evitgar con la privatización, llegó a niveles quizá peores. 8 de los exgerentes de la entidad, no podrán salir del país, señala el documento de la Fiscalía
Fiscalía anunció que los implicados deberán, además, pagar una multa de 20 salarios mínimos. Nuevas revelaciones del caso Canal Isabel II.
Estos son los sindicados que no podrán salir de Colombia:
Francisco Olmos Fernández, exgerente de Triple A
Luis Fernando Arboleda Gonzáles, exgerente de Triple A
Carlos Alberto Ariza, exgerente de Triple A
Ramón Navarro Pereira, exgerente de Triple A
Luis Alberto Nicolella de Caro, exgerente general de Inassa
Francisco Javier Malia Baro, exgerente general de Inassa
Germán Sarabia Huyke, gerente de Inassa.
Todos ellos son investigados por concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares.
Fiscalía sostiene que la Triple A saqueó los recursos públicos desde el año 2000.
Privatizaron el Seguro Social por ineficiente y todo ha sido peor
-Cuando el Estado tenía a su cargo la prestación de los servicios de Salud a través del ISS, los pacientes terminaban agolpados en los corredores y urgencias o simplemente no lograban pasar las puertas, porque el presupuesto se había acabado. Los empleados de la salud también paraban o hacían amago de hacerlo, los directores de los centros asistenciales encendían las alarmas y los pacientes protestaban sin éxito- revelaba la Revista Semana
Y era cierto. Las quejas llegaban por todos lados y por eso, se aprobó la Ley 100 con la que se buscaba acabar con el problema hospitales en crisis permanente con un porcentaje promedio de ocupación que no alcanzaba 50%; mejorar la situación de una gran proporción de la población sin posibilidades de acceso a los servicios; profesionales de la salud insatisfechos; y usuarios mal atendidos- según se anunciaba Minsalud en Prosperidad para Todos Publicación página web: ¿Se logró el objetivo? abril / 2013 -
En el artículo octavo, aparece la privatización de la salud
ARTÍCULO 8o. CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. El Sistema de Seguridad Social Integral es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales<6> y los servicios sociales complementarios que se definen en la presente ley.
¿Mejoró el sistema de salud del país con esta otra concesión hecha al sector privado?
El médico Luis Ángel Villar C. MD, MSc. Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Industrial de Santander, UIS. Profesor Titular, Escuela de Medicina Universidad Industrial de Santander, afirma que todo ha sido peor
Once años después de la vigencia de la Ley 100 presentada al Congreso por su ponente Álvaro Uribe Vélez, y a pesar que el gasto en el sector se ha duplicado, pasando del 1,8 % al 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB), la salud de los colombianos exhibe un balance catastrófico; ha sido convertida en mercancía y bajo el pretexto de la cobertura universal se halla en manos de la especulación del capital financiero, siendo norma que el Estado haya abandonado la salud pública y sus propias instituciones. En cobertura, el principal objetivo aparente de la Ley, los cálculos más bondadosos estiman que un 47% de la población permanece sin ningún tipo de aseguramiento. Cerca de veinte millones de compatriotas, sin trabajo ni ingresos, precisamente los más pobres de la nación, permanecen en el modelo de la Ley 100 sin protección en salud bajo el paradójico eufemismo de “población vinculada”. Ellos son los usuarios naturales de la Red Pública Hospitalaria (RPH), cuya cuenta paga (o más bien no paga) el gobierno a través de sus transferencias y aportes. Para su atención, los “vinculados” dependen exclusivamente de los hospitales públicos, el más importante argumento a favor de una RPH colombiana fortalecida en lo financiero, científico y administrativo. Sin embargo, y como muestra de la debacle en que se sume la nación, la actual crisis hospitalaria no conoce antecedentes y con cada cierre de un hospital se amenaza la salud y se condena a un sinnúmero de compatriotas- afirmaba el galeno
RCN en su emisión del 2 de octubre de 2018 a las 10:07 P.m, manifiesta lo siguiente:
La Superintendencia Nacional de Salud confirmó que siguen en aumento las quejas de los colombianos, exigiendo una mejor calidad del servicio médico en diferentes regiones del país.
La evaluación adelantada desde el 2014 evidencia un notable aumento de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias, que se vienen realizando hasta la fecha ante las EPS e IPS que hacen parte del sistema de salud.
En el 2014 el total de quejas fue de 230.225; en el 2015 la cifra alcanzó las 325.322 denuncias; en el 2016 fue de 467.759; en el 2017 el registro llegó a 483.431, mientras que en este año 2018 se tienen 317.862 para un total en este periodo de 1 millón 824 mil 599 reclamos.
Según la Supersalud la falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica, prestación de servicios de imagenología de segundo y tercer nivel, restricción en la escogencia de la EPS, dificultades en la entrega de medicamentos, demora de la autorización de exámenes de laboratorio, no aplicación de normas de protocolos de atención, inconsistencia en el reporte de novedades hacen parte de las principales preocupaciones de los colombianos.
A su vez se conoció que las mayores denuncias se concentraron en el régimen contributivo, en las EPS como Nueva EPS con un total de 176.332; Cafesalud con 192.786, Coomeva, con 159.442, Salucoop con 109.587 y Salud Total con 124.541 quejas- subraya la cadena radial.
El sector eléctrico sufrió el mismo proceso de privatización que resultó un verdadero desastre
EL TIEMPO 30 de mayo 1997 , 12:00 a.m. publicaba lo siguiente>: El gobierno ha reconocido la gravedad de estos problemas y ha planeado un programa tendiente a asegurar el aumento de la capacidad instalada. Pasos muy importantes se han dado con la expedición del Decreto No. 700 de 1992 y con la expedición de las leyes 142 de 1994 (Ley de Servicios Públicos Domiciliarios), y 143 del mismo año (Ley Eléctrica) que autorizan la participación del sector privado en el proyecto de expansión del sector. Bueno, se vendieron los activos de Electrificadora del Atlántico a la firma española Unión Fenosa y el resultado no fue sólo un peor servicio que el que se prestaba sino que apareció el monstruo de la corrupción
Se ‘enciende’ la costa por mal servicio de Electricaribe
Los continuos cortes de energía y las elevadas tarifas tienen alborotados a los habitantes del Caribe. Ante el Ministerio de Minas y Energía se radicaron 500.000 firmas exigiendo un mejor servicio- denunció la Revista Semana
En el Atlántico no aguantan más el pésimo servicio de Electricaribe: No atienden reclamos-indica Diario La Libertad
Y la corrupción, acto seguido, la reveló la Contraloría Generall de la Nación en su boletín de prensa número 234 $216.894 millones llegó el daño patrimonial causado por Electricaribe,
Tras concluir una indagación preliminar donde se revisaron más de 56 millones de facturas, la Contraloría General de la República cuantificó en $216.894 millones de pesos el monto del daño patrimonial ocasionado por la Empresa Electricaribe al hacer uso indebido de recursos por este valor, que se le giraron para subsidiar a los usuarios con menores ingresos de la región.
Electricaribe incurrió en esta práctica durante seis años continuos analizados por la Contraloría, que comprenden las vigencias julio de 2011 a julio de 2017.
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